223 472 7657

Av. Juan B. Justo 3755 - Mar del Plata - Buenos Aires - Argentina

Comunicados


Sentencia completa Tribunal de Trabajo Nº 2 Dolores


23/03/2017 - Organismo: Tribunal del Trabajo Nro. 2 Dolores Carátula: SINDICATO DE LUZ Y FUERZA GRAL PUEYRREDON C/ COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD MAIPU LTDA S/AMPARO SINDICAL - Nro de causa: 31840 Fecha: 23/03/2017 Descripción: SENTENCIA DEFINITIVA Estado: A Despacho


Expte. Nº 31.840.
En la ciudad de Dolores, a los 23 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se reunieron los miembros del Tribunal del Trabajo N° 2 en Acuerdo Ordinario, a fin de dictar Sentencia, en la causa laboral caratulada: "SINDICATO DE LUZ Y FUERZA GRAL. PUEYRREDON C/COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD MAIPU LTDA S/AMPARO SINDICAL"Expte. Nº 31.840. Para la votación se observa el mismo orden del Veredicto. A continuación se resuelve plantear y votar las siguientes:
C U E S T I O N E S
1- ¿Es procedente la demanda?
2- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I O N
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA DRA. LANDI DIJO:
ANTECEDENTES:
A fs.77/93 se presenta el Dr. Martín Fernando Yocca en su carácter de letrado apoderado del Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón, y promueve demanda de amparo sindical contra la Cooperativa de Electricidad de Maipú Limitada, reclamando el cese de ciertos actos efectuados por la empresa que violarían la libertad sindical. Solicita medida cautelar de no innovar, realiza el relato de los hechos. Afirma que la Cooperativa sólo ingresa personal a través de la Bolsa de Trabajo perteneciente al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, que los afiliados a su entidad sindical, también integrantes de su bolsa de Trabajo administrada por el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón fueron rechazados por la empresa, quien les indicó que debían afiliarse a la Bolsa de Trabajo del Sindicato de Mar del Plata para poder acceder al ingreso, y por pertenecer sus familiares al Sindicato actor. Sostiene que ésta política de ingresos beneficia a una entidad sindical en perjuicio de la otra.
Luego relata el intercambio epistolar entre las partes, se opone a la interpretación que del art. 3 del CCT 36/75 realiza la demandada, denuncia discriminación y violación del art. 53 inc. d de la ley 23.551. Solicita que este Tribunal disponga el cese de la conducta antisindical de la empresa, otorgando los ingresos a ambas entidades sindicales con representación en su ámbito, respetando las proporciones de afiliación existentes al momento de la incorporación.
A continuación, funda en derecho, ofrece prueba, formula reserva de caso federal y peticiona que oportunamente se haga lugar a la acción de amparo interpuesta declarándose el cese de las conductas antisindicales que denuncia.
Corrido el traslado de ley, a fs. 107/115 contesta demanda el accionado con su letrado apoderado Dr. Xabier Uriaguereca. Solicita se declare la cuestión como abstracta al haber sido rechazada la medida cautelar. Plantea caducidad de la acción, excepción de incompetencia y de falta de legitimación activa y pasiva. Luego, contesta demanda, realiza la negativa de los hechos y relata su versión de los mismos. Reconoce que la Cooperativa ingresa trabajadores sólo de la bolsa de trabajo del Sindicato de Mar del Plata y lo funda en derecho. Solicita se cite como terceros al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, lo que se provee a fs. 127. Seguidamente, ofrece prueba, formula reserva de caso federal y peticiona se dicte sentencia de conformidad a lo expuesto.
A fs. 132/137 contesta demanda la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Oscar José Reibestein. Adhiere a la contestación del Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón. Afirma que la actitud asumida por la Cooperativa en cuanto al ingreso de personal es un acto discriminatorio. Luego, realiza su interpretación del art. 3 del CCT 36/75, funda en derecho, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y peticiona que oportunamente se haga lugar a la demanda con costas.
A fs. 163/168, se presenta el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata con su letrado apoderado Dr. Néstor Fernando Forio. Plantea excepción de falta de legitimación activa, incompetencia, adhiere a los argumentos vertidos por la demandada de autos en los ptos. III, IV y V de su contestación, relata su versión de los hechos, ofrece prueba y solicita el rechazo de la demanda con costas.
A fs. 183/191, la parte actora contesta el traslado conferido por el art. 29 de la ley 11.653. A fs. 203/206, se rechaza el planteo de incompetencia.
A fs. 217 se abre la causa a prueba; a fs. 218/223 la parte demandada denuncia un hecho nuevo, y luego de contestado el traslado de fs. 224 por la contraparte (conf. Fs. 228/232 y 240), el Tribunal resuelve a fs. 272/276 admitir el mismo.
A fs. 313/318 obra agregado el informe pericial contable el que se notificó a fs. 324/327.
A fs. 333 se presenta el Dr. Carlos Barredo como apoderado de la Cooperativa de Electricidad Limitada de Maipú.
A fs. 343 se fija fecha de audiencia de vista de la causa y se ordena remitir las actuaciones a Receptoría General de Expedientes ante la excusación del Dr. Uriaguereca, Juez de éste Tribunal, integrándose a fs. 347 vta. con el Dr. Martín Laborde.
A fs. 389 se celebra la Audiencia de Vista de la Causa, dictándose el veredicto a fs. 390 y siguientes. Por lo que el presente se encuentra en estado de recibir sentencia.
LA SOLUCION DE LA LITIS:
Conforme ha quedado determinado en el veredicto, los hechos probados en autos son los siguientes:
a) está reconocido que el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón goza de inscripción gremial otorgada por Resolución N° 751, que se halla inscripto en el respectivo registro con carácter de entidad gremial de primer grado; y que en la misma zona y actividad el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata es el que detenta la personería gremial N° 733 (1° cuestión),
b) por hallarse reconocido se tuvo por cierto que la Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda. toma trabajadores de la actividad eléctrica exclusivamente de la Bolsa de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, por ser el que tiene la personería gremial (2° cuestión),
c) que de enero de 2010 a la fecha de realización de la pericia contable, existió un aumento de trabajadores de la Cooperativa demandada afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, y correlativamente, una disminución de los afiliados al Sindicato de General Pueyrredón (3° cuestión),
d) no se probó que la Cooperativa hubiera rechazado el ingreso de tres personas (Diego Duarte, Lucas Castro y Mariana E. Duarte) por tener sus familiares afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón (4° cuestión),
e) no se probó que el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata al administrar su bolsa de trabajo realice algún acto de discriminación (5° cuestión).
A continuación trataré los planteos efectuados por la demandada en su contestación.
Con relación a la excepción de incompetencia opuesta a fs. 109 pto. VI y 164 pto. V, la misma ya fue resuelta por el anterior Tribunal interviniente a fs. 203/206, quien dispuso su rechazo por tratarse el caso de la denuncia de prácticas antisindicales en los términos del art. 47 de la ley 23.551, y por consiguiente de su competencia conforme lo determina el art. 63 de la ley 23.551. Por ello, debe estarse a lo allí resuelto.
Por otra parte, solicita la Cooperativa demandada a fs. 107 vta. pto. IV que se declare abstracta la acción propuesta, a lo que adhiere el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata a fs. 164 vta. ap. VI. Sostiene que el art. 47 de la ley 23.551, en que se funda la acción, contempla un remedio de carácter cautelar y provisorio: obtener el cese inmediato del comportamiento antisindical hasta tanto se resuelve la cuestión litigiosa por la vía procesal correspondiente. Afirma que ésta acción se agota en una medida judicial útil, no resuelve la cuestión litigiosa, que queda para un proceso ordinario; y que al haber sido rechazada tal medida cautelar de no innovar en el primer despacho, la acción quedó en abstracto.
A tal solicitud se opone la parte actora a fs. 184.
Considero que el planteo debe ser desestimado, toda vez que es claro el art. 47 de la ley 23.551 al establecer que la acción de amparo que regula tramita conforme al procedimiento del Código Procesal Civil y Comercial provincial, a fin de que el juez disponga si correspondiere, el cese inmediato del comportamiento antisindical. De manera que, si ello no correspondiere ab initio, debe aplicarse la norma del art. 63 de la ley 23.551 que establece que las acciones previstas en el art. 52, 47 y prácticas desleales se sustanciarán por el procedimiento sumario previsto en la legislación local.
Por consiguiente, corresponde rechazar el pedido de que se declare abstracta la acción. (arts. 47, 63 de la ley 23.551).
Caducidad de la acción: A fs. 108 vta. ap. V solicita la demandada se declare la caducidad de la acción, por aplicación directa o por analogía del art. 5 de la ley 13.928 de amparo provincial. Tiene para ello en consideración la fecha de interposición de la demanda y las de las cartas documentos adjuntadas por la actora (15/12/2010 y 1/4/2011) y las fechas en que ingresaron a trabajar en la Cooperativa los Sres. Ramirez, Arana y Debi. A dicho planteo adhiere el Sindicato de Mar del Plata a fs. 164 vta.
Por su parte, la actora a fs. 184 afirma que la sanción de caducidad requerida no está prevista en norma alguna, que no puede aplicarse por analogía, y que en todo caso, el hecho denunciado es de tracto sucesivo y continúa vigente, por lo que no existe posibilidad de declarar caduca la acción.
De las constancias de la causa se desprende que el actor fundó su demanda en las disposiciones de la ley de asociaciones sindicales, solicitando por la vía del art. 47 de la ley 23.551 el cese de las conductas antisindicales en que habría incurrido la demandada (ver fs. 77). Asimismo, solicitó el dictado de medida cautelar, y que se encuadre la conducta de la patronal como una práctica desleal en los términos del art. 53 inc. d de la ley 23.551 (fs. 87 vta.).
En tanto la actora dedujo un amparo sindical fundado en el art. 47 de la ley 23.551, se sustanció la pretensión por la ley nacional 23.551 que rige la acción especial de amparo sindical, tal como fuera proveído a fs. 127 último párrafo (firme y consentido).
No es aplicable al caso la ley provincial 13.928, que regula la acción genérica de amparo. Así lo ha resuelto el superior Tribunal en la causa L. 117.729, “Zimmerman Carlos Ignacio y otros c/Cerámica Salto S.A. y otros. Amparo sindical” (sent. del 12-11-2014) -donde el Tribunal de grado con fundamento en la ley 13.928 rechazó in limine una demanda de amparo sindical iniciada en los términos del art. 47 de la ley 23.551-, con cita de la doctrina legal establecida en la causa L. 104.668 “Bravo” (sent. del 21/XII-2011) que dijo: “…en virtud de lo que establece el art. 47 de la ley 23.551, …el amparo sindical intentado por los actores con el objeto de hacer cesar el denunciado comportamiento antisindical del empleador debió haberse sustanciado “conforme el procedimiento sumarísimo establecido en el art. 498 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los Códigos Procesales Civiles Comerciales” (art. 47, ley 23.551), criterio reiterado por el art. 63 del referido cuerpo legal, en cuanto establece que las acciones fundadas en el art. 47 de la ley 23.551 deben ser resueltas por los jueces con competencia laboral en las respectivas jurisdicciones, debiendo sustanciarse “por el procedimiento sumario previsto en la legislación local”.
Ninguna norma laboral establece un plazo de caducidad para interponer la acción prevista en el art. 47 de la ley 23.551.
La declaración de caducidad peticionada con fundamento en lo normado por el art. 5 de la ley 13.928 sólo encontraría sustento en caso de que fuera aplicable la ley provincial de amparo.
Al no resultar aplicable dicha normativa, y entendiendo que una interpretación analógica atentaría contra los principios de Derecho del Trabajo, corresponde desestimar el pedido de caducidad formulado por la demandada.
Luego, a fs. 109 vta. plantea la Cooperativa demandada excepción de falta de legitimación activa y pasiva, haciendo lo propio el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata a fs. 163 vta. pto. IV. Lo fundan en que el Sindicato actor no puede representar a aspirantes a cubrir una vacante de trabajo, que no son trabajadores y por lo tanto no pueden estar afiliados. A ello se opone la parte actora a fs. 186 vta. y 188.
De los términos de la acción deducida, se desprende que el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón actúa en reclamo de un interés propio, y a ello lo legitima el art. 47 de la ley 23.551 cuando establece que: “Todo trabajador o asociación sindical que fuese impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley, podrá recabar el amparo de estos derechos ante el tribunal judicial competente…” . En autos, la asociación sindical accionante denuncia que el accionar de la Cooperativa implica una práctica desleal, un acto discriminatorio, que lo afecta en cuanto a su libertad sindical. Como tal, actúa en reclamo de un derecho propio y no de trabajadores afiliados o aspirantes a ocupar una vacante.
Por tal razón, debe desestimarse la defensa planteada. (art. 23, 47 ley 23.551, art. 14 bis CN, art. 345 del CPCC).
Teniendo en consideración las cuestiones probadas en el veredicto y a las que me referí supra, paso a continuación a analizar el fondo de la cuestión debatida en autos.
Son contestes las partes en que el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata es el que detenta la personería gremial, y que el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón es una asociación sindical simplemente inscripta. También están de acuerdo en que la Cooperativa demandada cuando tiene que cubrir una vacante toma inscriptos únicamente de la Bolsa de trabajo del Sindicato de Mar del Plata, sin dar participación alguna a la bolsa del sindicato con simple inscripción.
Asimismo, hay consenso en cuanto a que en el ámbito de la empresa y al tiempo de iniciarse el juicio, se aplicaba el CCT 36/75, que en su art. 3 establece el procedimiento a seguir para habilitar nuevas incorporaciones de personal, y dice así: “… a) Las entidades solicitarán a la Bolsa de Trabajo de cada Sindicato, todos los trabajadores que necesite para ocupar cualquier tarea o cargo previsto en el Convenio…”
Existe desacuerdo en su interpretación. Para el Sindicato accionante, la norma no discrimina entre entidades sindicales, es decir no da preeminencia a la bolsa de trabajo del que detenta la personería gremial. En cambio, para la Cooperativa demandada, por aplicación del mencionado artículo, sólo debe requerirse postulantes al Sindicato con personería gremial, y funda su proceder en tal norma y en los derechos constitucionales de libertad de contratar, de propiedad y de iniciativa privada (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional).
Por lo que la cuestión a resolver es el alcance que cabe asignar a la mentada cláusula del CCT 36/75 en lo que respecta al tipo de asociación sindical a que se refiere.
Entiendo, siguiendo la doctrina legal sentada por el Superior Tribunal en la causa L. 99.945, “Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón c/EDEA S.A. Amparo” (sent. del 4/7/2012), cuyos argumentos comparto y hago propios, que la interpretación que realiza la Cooperativa demandada en relación al art. 3 del CCT 36/75, resulta contraria al llamado bloque de constitucionalidad federal, excede la letra de ese mismo artículo y la del art. 31 de la ley 23.551, y vulnera la libertad sindical.
Así, dijo la Dra. Kogan en su voto en el fallo citado que: “…lo normado en el art. 31 de la ley 23.551 en orden a los derechos que en forma exclusiva reconoce a las asociaciones sindicales con personería gremial, no puede ser interpretado como una suerte de autorización general para establecer nuevas restricciones que se agregarían –en perjuicio de las entidades simplemente inscriptas- a las limitaciones contempladas por la citada norma. Ello implicaría o permitiría…una intervención por parte de la empresa…claramente configurativa de una restricción del derecho a la libertad sindical, pues significaría la posibilidad de influir, indebida y antijurídicamente, en la elección por los trabajadores de la organización a la que desean afiliarse, contraviniendo lo dispuesto en el art. 53 de la ley de Asociaciones Sindicales, al tener en sus manos un instrumento –vía convencional- para reconocer a uno de los sindicatos –el que posea la personería gremial- la posibilidad de contar con el derecho a constituir la bolsa de trabajo de la cual –en forma exclusiva- la demandada seleccionará trabajadores ingresantes ante la necesidad de cubrir un nuevo puesto”.
Considero que la interpretación restrictiva que de la norma realiza la Cooperativa, limita gravemente a la entidad gremial minoritaria el ejercicio de la libertad sindical reconocida por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la O.I.T. y, además, dificulta considerablemente la posibilidad de disputarle la personería gremial al Sindicato que hoy la posee.
Se probó en autos que existió un aumento del número de trabajadores de la Cooperativa afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, y que correlativamente, disminuyó el de afiliados al Sindicato de General Pueyrredón. Y si bien, no puede afirmarse a ciencia cierta que la razón determinante de tal circunstancia sea el modo en que la Cooperativa selecciona el nuevo personal, es dable presumir que ello así sucede.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Asociación de trabajadores del Estado c/Ministerio de Trabajo s/Ley de Asociaciones sindicales” (sent. del 11-11-2008), estableció ciertas directrices que entiendo conveniente aplicar al caso por razones de economía y celeridad procesal. Así, recordó que –en el marco de lo dispuesto por el Convenio 87 de la O.I.T., la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones, recomendó al Estado argentino, que la mayor representatividad que justifica acordar personería gremial a determinada asociación sindical no debería implicar, para el sindicato que la obtiene, privilegios que excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los organismos internacionales. Y el Comité de Libertad Sindical dejó establecido que las prerrogativas que pueden reconocerse con carácter exclusivo a una entidad sindical, no pueden exceder de las mencionadas, pues en caso contrario existe el riesgo de cometer un acto de discriminación, pudiendo influir en la decisión de los trabajadores cuando elijan una organización para afiliarse.
Entiendo que la interpretación que la Cooperativa y el Sindicato con personería gremial hacen del art. 3 del CCT 36/75, excede los privilegios que corresponden a ésta última de conformidad con la ley 23.551 (art. 31), interpretada según el Convenio 87 de la OIT y jurisprudencia citada.
Asimismo, considero que con esa interpretación se vulnera lo normado por los incs. d) y j) del art. 53 de la ley 23.551, y consecuentemente, se afecta la libertad sindical del accionante; ya que la empresa con su actuar, estaría promoviendo la afiliación de los trabajadores a la asociación sindical con personería gremial.
Coincido con lo afirmado por el Dr. Hitters en su voto en la causa antes referenciada al decir: “…Si bien en nuestro caso no se requiere la afiliación a los sindicatos con personería gremial, lo cierto es que tal situación pone, en la balanza de las decisiones, un elemento que puede inclinarla para aquellas que tienen personería gremial en desmedro de aquellas que sólo cuentan con una “simple inscripción”, retaceando otras motivaciones de orden personal –profesionales, ideológicas, morales- que, en muchos casos, promoverían una elección hacia otras asociaciones. Es indudable que el acceso a un trabajo a través de este procedimiento, que privilegia a los entes con personería, puede generar una válida creencia de un mayor y mejor nivel de representatividad de éstas, con lo cual, la libertad de elección queda claramente restringida, tensionando la libertad sindical en su faceta individual…”
Ahora bien, posteriormente, a fs. 221/223, la Cooperativa demandada denuncia como hecho nuevo el Acuerdo de empresas en los términos de los arts. 4, 16, 17 de la ley 14.250, celebrado ante el Ministerio de Trabajo de Mar del Plata, entre el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y un grupo de Cooperativas de Electricidad. Su introducción en el proceso fue admitida por el anterior Tribunal interviniente a fs. 272/276.
Mediante el referido acuerdo paritario se modificó el art. 3 del CCT 36/75, el que quedó redactado de la siguiente manera: “a) la entidad empleadora solicitará a la Bolsa de Trabajo del Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata, todos los trabajadores que necesite para ocupar cualquier tarea o cargo previsto en el convenio…”
Su autenticidad se acredita con el informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social obrante a fs. 258.
Sabido es que el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata al ser el titular de la personería gremial, es el que tiene con exclusividad el derecho de negociar colectivamente (conf. Art. 23 inc. b de la ley 23.551), y que recuperó tal facultad al desafiliarse de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, que fue quien celebró el CCT 36/75 original (art. 35 ley 23.551).
No obstante, advierto que mediante éste convenio de empresa, de ámbito menor, únicamente se modifica un artículo del convenio de actividad, de ámbito mayor (CCT 36/75), y mediante ésta modificación se pretende pasar por alto la normativa constitucional e internacional que tutela la libertad sindical, antes citada, y la jurisprudencia imperante en la materia.
Es decir, es legal que el Sindicato con personería gremial negocie colectivamente, es su derecho. Pero no es legal hacer uso de la facultad que la ley le da con exclusividad, para otorgarse a sí mismo a través de un convenio colectivo, derechos que ni la ley 23.551 ni la normativa constitucional e internacional le confieren con exclusividad. Asimismo, implica una práctica desleal por parte de la Cooperativa demandada.
De tal modo, entiendo que el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata ejerció abusivamente su derecho a negociar colectivamente, al introducir una modificación en el convenio colectivo de trabajo por la cual se le otorga con exclusividad la bolsa de trabajo. Derecho que ni la ley ni la Constitución Nacional, ni la normativa internacional le reconocen con exclusividad.
Además, conforme lo establece el art. 31 de la Constitución Nacional, existe un orden jerárquico de normas: Constitución, tratados internacionales y leyes. Y después de esto vienen, entre normas de otras fuentes, las convenciones colectivas, por debajo de las mencionadas. Lo que significa que, ante una contradicción, deben prevalecer las normas jerárquicamente superiores.
Por otra parte, si bien un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo anterior de distinto ámbito (art. 24 ley 25.877) –sería lo que sucede en autos-, ello es así a condición de que establezca condiciones más favorables para el trabajador, y no se viole un derecho de jerarquía supralegal de los agentes de negociación de la otra. Justamente no sucedió esto con la modificación acordada respecto del art. 3.
Citando a Luis Ramírez Bosco en su obra “La estructura de las negociaciones colectivas de trabajo” (Editorial Hammurabi, página 165), “…el convenio de mayor ámbito tiene, según funciona y aunque no se lo diga expresamente, mayor jerarquía. Pero el convenio que prevalece será el más favorable: “Un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica al convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador…” (art. 19, inc. b, ley 14.250, complementario del art. 18, inc. d). No cuando se trata de un convenio de igual nivel, porque ese es el único supuesto en que la ley argentina admite ahora que el convenio posterior derogue al anterior, no importa que sea más o menos favorable. (art. 19 inc. a, ley 14.250).”
Por todo lo expuesto, entiendo que no es válida la modificación introducida al art. 3 del CCT 36/75 mediante el acuerdo de empresas que se introduce como hecho nuevo, debiendo aplicarse el mismo en su texto original y conforme doctrina legal citada. No es válido que por vía convencional se otorgue a la asociación con personería gremial más derechos que los que le da la ley.
Por ello, y no estando el tema de las bolsas de trabajo previsto en la ley 23.551 como atributo exclusivo de la asociación con personería gremial, considero que una interpretación acorde con la norma implica reconocer a la asociación gremial simplemente inscripta el derecho de participar también mediante su bolsa de trabajo en la cobertura de vacantes de la empresa demandada.
Por lo que, corresponde hacer lugar a la demanda incoada por el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón contra la Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda., ordenándose a ésta última que ante la existencia de una vacante, deberá requerir a ambas entidades sindicales con representación en su ámbito, la presentación de una nómina de postulantes de su Bolsa de trabajo para cubrirla, debiendo ser el único requisito determinante para la selección de personal a designarse el de la idoneidad para ocupar el cargo, y no estar determinado por la tenencia o no de la personería gremial por parte de la entidad que los propone. (art. 3 CCT 36/75, arts. 23, 31, 35, 47, 52, 53 y concs. de la ley 23.551, art. 14 bis, 31, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Convenio 87 y 98 de la OIT, arts. 18, 19 ley 14.250).
En razón de la dificultad que presenta la materia en discusión, las costas se imponen por su orden (art. 68 del CPCC, art. 19, 63 ley 11.653); regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes: Dr. MARTIN FERNANDO YOCCA, apoderado de la actora, en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA ($10.740), Dr. XABIER URIAGUERECA, apoderado de la demandada Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda., en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($3760), Dr. CARLOS BARREDO, apoderado de la demandada Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda. en la suma de PESOS TRESMIL SETECIENTOS SESENTA ($3760), Dr. OSCAR JOSE REIBESTEIN, apoderado del tercero citado Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA ($3.580), Dr. NESTOR FERNANDO FORIO, apoderado del tercero citado Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($5.700). Todos, más el porcentaje legal. (arts. 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 28 y concs. ley 8904; 12 inc. a) ley 10.268/85).
Y los de la Perito Contadora MARIA JULIA MORELLO, en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 2.150). Con más el 10% para el Cons. Profesional (art. 193 ley 10620, art 27 inc b y 33 ley 13.948) deb. retenerse el 7% (33 ley 13.948). SCBA., en L. 43.051, 42.329, y 42.306 del 11-XII-90).
Todas con más el IVA si correspondiere.
ASI LO VOTO.
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL DR. LABORDE VOTO EN IGUAL SENTIDO QUE LA COLEGA PREOPINANTE POR COMPARTIRLO.
A LA MISMA CUESTIÓN PLANTEADA LA DRA. SOSA VOTO EN IGUAL SENTIDO QUE LA COLEGA PREOPINANTE POR COMPARTIRLO.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA DRA. LANDI DIJO:
Conforme ha quedado resuelta la cuestión precedente, fundamentos de hecho y de derecho, el pronunciamiento a dictar debe ser el siguiente:
1) Rechazar el planteo de caducidad y declaración abstracta de la acción, y la excepción de falta de legitimación activa y pasiva opuesta por la demandada Cooperativa de Electricidad Maipú Ltda. y por el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, debiendo estarse a lo resuelto a fs. 203/206 respecto de la excepción de incompetencia planteada a fs. 109 pto. VI y fs. 164. (Art. 31, 63 de la ley 11.653, arts. 23, 47, 63 ley 23.551, art. 345 del CPCC).
2) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE GENERAL PUEYRREDON contra la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MAIPU LTDA, quien deberá ante la existencia de una vacante, requerir a ambas entidades sindicales con representación en su ámbito, la presentación de una nómina de postulantes de su bolsa de trabajo para cubrirla, debiendo ser el único requisito determinante para la selección de personal a designarse el de la idoneidad para ocupar el cargo, y no estar determinado por la tenencia o no de la personería gremial por parte de la entidad que los propone. (arts. 40, 47, 48, 49, 50, 52, 53 y ccdts. de la ley 23.551; arts. 14 "bis", 31 y 75 inc. 22 de la Const. Nacional, art. 3 CCT 36/75, Convenio 87 y 98 de la OIT). Declarar inaplicable el texto reformado del art. 3 del CCT 36/75 por acuerdo de empresas, por resultar contrario a la ley 23.551, art. 14 bis, 31, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y Convenio 87 y 98 de la OIT.
3) En razón de la dificultad que presenta la materia en discusión, las costas se imponen por su orden. (art. 68 del CPCC, art. 19, 63 ley 11.653).
4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes: Dr. MARTIN FERNANDO YOCCA, apoderado de la actora, en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA ($10.740), Dr. XABIER URIAGUERECA, apoderado de la demandada Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda., en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.760), Dr. CARLOS BARREDO, apoderado de la demandada Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda. en la suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.760), Dr. OSCAR JOSE REIBESTEIN, apoderado del tercero citado Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA ($3.580), Dr. NESTOR FERNANDO FORIO, apoderado del tercero citado Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($5.700). Todos, más el porcentaje legal .(arts. 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 28 y concs. ley 8904; 12 inc. a) ley 10.268/85).-
Y los de la Perito Contadora MARIA JULIA MORELLO, en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($2.150). Con más el 10% para el Cons. Profesional (art. 193 ley 10620, art 27 inc b y 33 ley 13.948) deb. retenerse el 7% (33 ley 13.948). SCBA., en L. 43.051, 42.329, y 42.306 del 11-XII-90)
Todas con más el IVA si correspondiere.
ASI LO VOTO
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA EL DR. LABORDE VOTO EN IGUAL SENTIDO QUE SU COLEGA PREOPINANTE POR COMPARTIRLO.
A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA DRA. SOSA VOTO EN IGUAL SENTIDO QUE SU COLEGA PREOPINANTE POR COMPARTIRLO.
MARIANA LANDI JUEZ
CAROLINA SOSA JUEZ
MARTIN LABORDE JUEZ

S E N T E N C I A
Dolores, 23 de marzo de 2017.
Visto el Acuerdo precedente el Tribunal RESUELVE:
1) Rechazar el planteo de caducidad y declaración abstracta de la acción, y la excepción de falta de legitimación activa y pasiva opuesta por la demandada Cooperativa de Electricidad Maipú Ltda. y por el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, debiendo estarse a lo resuelto a fs. 203/206 respecto de la excepción de incompetencia planteada a fs. 109 pto. VI y fs. 164. (Art. 31, 63 de la ley 11.653, arts. 23, 47, 63 ley 23.551, art. 345 del CPCC).
2) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE GENERAL PUEYRREDON contra la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE MAIPU LTDA, quien deberá ante la existencia de una vacante, requerir a ambas entidades sindicales con representación en su ámbito, la presentación de una nómina de postulantes de su bolsa de trabajo para cubrirla, debiendo ser el único requisito determinante para la selección de personal a designarse el de la idoneidad para ocupar el cargo, y no estar determinado por la tenencia o no de la personería gremial por parte de la entidad que los propone. (arts. 40, 47, 48, 49, 50, 52, 53 y ccdts. de la ley 23.551; arts. 14 "bis", 31 y 75 inc. 22 de la Const. Nacional, art. 3 CCT 36/75, Convenio 87 y 98 de la OIT). Declarar inaplicable el texto reformado del art. 3 del CCT 36/75 por acuerdo de empresas, por resultar contrario a la ley 23.551, art. 14 bis, 31, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y Convenio 87 y 98 de la OIT.
3) En razón de la dificultad que presenta la materia en discusión, las costas se imponen por su orden. (art. 68 del CPCC, art. 19, 63 ley 11.653).
4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes: Dr. MARTIN FERNANDO YOCCA, apoderado de la actora, en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA ($10.740), Dr. XABIER URIAGUERECA, apoderado de la demandada Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda., en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.760), Dr. CARLOS BARREDO, apoderado de la demandada Cooperativa de Electricidad de Maipú Ltda. en la suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.760), Dr. OSCAR JOSE REIBESTEIN, apoderado del tercero citado Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA ($3.580), Dr. NESTOR FERNANDO FORIO, apoderado del tercero citado Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS ($5.700). Todos, más el porcentaje legal .(arts. 14, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 28 y concs. ley 8904; 12 inc. a) ley 10.268/85).-
Y los de la Perito Contadora MARIA JULIA MORELLO, en la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA($2.150). Con más el 10% para el Cons. Profesional (art. 193 ley 10620, art 27 inc b y 33 ley 13.948) deb. retenerse el 7% (33 ley 13.948). SCBA., en L. 43.051, 42.329, y 42.306 del 11-XII-90)
Todas con más el IVA si correspondiere.

COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE, personalmente o por cédula que firmará el Actuario. Practíquese por Secretaría liquidación en los términos del art. 48 de la ley 11.653. Cumplido, remítanse las actuaciones a la Receptoría General de Exptes. conforme lo establece el art.58 Acuerdo 3397 de la SCBA. Firmado por


MARIANA LANDI JUEZ
CAROLINA SOSA JUEZ
MARTIN LABORDE JUEZ